Patrimonio histórico

 

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PATRIMONIO HISTÓRICO - CIUDADES PATRIMONIO - PROPIEDAD

Cuidar el patrimonio histórico de cualquier país es un deber de los ciudadanos que viven en ese lugar. Saber para aprender a cuidar, conocer para preservar. En esta recopilación de datos abajo expuesta se pretende enumerar las varias ciudades patrimonio histórico de la humanidad, aunque éste sea un trabajo bastante extenso, despacio conseguiremos ir poniendo las ciudades patrimonio más importantes en el Mundo Hispanoamericano.

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LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La conservación del patrimonio histórico es un tema de actualidad; la gran variedad y riqueza monumental que posee Europa, y España en concreto, con uno de los conjuntos más importantes del continente, y el gravísimo riesgo de desaparición que corre, ha hecho que se vaya tomando una conciencia cada vez más profunda de la necesidad de su conservación. La nueva organización supranacional debe facilitar su conservación, programando de forma adecuada los medios para conseguir no sólo su protección, sino incluso su revitalización, al constituir uno de los elementos que mejor define la identidad de cada una de las regiones.

El mantenimiento de este patrimonio plantea unas dificultades que nacen tanto de su propia naturaleza, como de la insuficiencia de su conocimiento y de la inexistencia de instrumentos legales, económicos y sociales que permitan su conservación, reutilización y rehabilitación. Este hecho cobra dramática importancia en el caso de los conjuntos populares; la falta de estudios e inventarios de estas arquitecturas, la desaparición de los modos de vida a los que va ligada y la fragilidad de muchas de estas construcciones, las hacen especialmente vulnerables a la agresión de la sociedad actual. Frente a ello, se han desarrollado históricamente unos instrumentos legales que significan una toma de conciencia paulatina de la importancia cultural de estos bienes. Esta instrumentación ha sido insuficiente en la práctica, fundamentalmente por su falta de aplicación real, aunque, en todo caso, evidencia una preocupación social creciente.

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El concepto de protección del Patrimonio en los textos internacionales

Al igual que en la legislación española, en la legislación específica de cada país y en la legislación internacional se ha ido produciendo un largo proceso de evolución en el concepto de Patrimonio, y en concreto del Patrimonio Arquitectónico, que pasa desde el concepto restringido de monumento, como elemento aislado y singular, al más amplio, que entiende los hechos construidos como partes integrantes de un conjunto territorial más amplio, que son en definitiva los verdaderos testimonios de la cultura y la evolución de un pueblo.

Estos conceptos se han ido plasmando, en muchos casos, antes que en las legislaciones específicas, en los textos y Cartas de distintas organizaciones internacionalmente reconocidas, que han incidido de forma fundamental en la evolución de los mismos. Son estos textos los que a continuación se van a analizar someramente.

La Carta de Atenas (1933)

El largo proceso se inicia con la Carta de Atenas, en el año 1933, donde se recoge, casi por primera vez, el planteamiento de respetar en la construcción de edificios el carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente en las zonas próximas a los edificios antiguos, para los cuales el ambiente debe ser objeto de cuidados especiales. En ella se establece que la relación ciudad-medio cobra una valoración especial; la primera parte de la misma, que lleva por título "La ciudad y la región", especifica que la ciudad no es más que una parte de un conjunto económico, social y político más amplio que constituye la región. Igualmente se recomienda respetar los conjuntos y las perspectivas pintorescas. En ella se incluye, también por primera vez, la idea de que la educación debe ejercer una acción sobre los futuros ciudadanos, a los que debe llevar, en su infancia y juventud, a comprender el significado del Patrimonio y a interesarse por la protección de los testimonios de todas las civilizaciones.

La Carta de Venecia (1966)

En esta misma línea se encuentra la Carta de Venecia, de 1966, en la que se especifica que la noción de monumento comprende la creación arquitectónica aislada, así como también el sitio urbano o rural que son testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o progreso, o de un suceso histórico.

Declaración de Ciudad Rodrigo (1971)

En la Declaración de Ciudad Rodrigo, en 1971, se afirmaba que la salvaguarda del patrimonio cultural exige una estrecha colaboración entre los organismos de control nacional y los locales. Es preciso, asimismo, hacer intervenir en estos problemas a los propios habitantes, incluso desde el punto de vista de la planificación, hecho que lleva implícita la necesidad de una labor formativa previa. La resolución del problema de infraestructuras y el establecimiento de una política de subvenciones, préstamos y ayudas fiscales, se considera imprescindible.

Declaración de Bolonia (1974)

El concepto de conservación total se establece en la Declaración de Bolonia, en el año 1974. En ella, además del reconocimiento de todos los preceptos expuestos en el resto de las Declaraciones, se señala que un plan de limitaciones no basta para asegurar una permanencia vital del organismo urbano antiguo, y que la intervención pública no basta para realizar por sí sola los programas previstos; es necesaria la participación privada, que pasa por la creación de los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros necesarios.

La Carta de Machu Picchu (1977)

Por su parte, la Carta de Machu Picchu de 1977, presentada como un intento de adaptar la Carta de Atenas a los nuevos principios impuestos por el desarrollo de la ciudad, se hacía eco también de la necesidad de que "[...] en la labor de conservación, restauración y reciclaje de las zonas monumentales y monumentos históricos y arquitectónicos se considera la integración al proceso vivo del desarrollo urbano como único que posibilite la financiación de la operación [...]"

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Las Cartas Europeas de Patrimonio y de Ordenación del Territorio

El conjunto de todos estos planteamientos es recogido de forma definitiva en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, el año en 1978, donde se define que el Patrimonio está formado, no sólo por nuestros monumentos más importantes, sino también por los conjuntos que constituyen nuestras ciudades antiguas y nuestros pueblos tradicionales en su medio ambiente natural o construido. La conservación integrada exige la elaboración de medios jurídicos, administrativos, financieros y técnicos. Y, por último, en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, de 1983, se afirma que la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, de los monumentos y de los sitios, debe estar integrada en una política general de Ordenación del Territorio y del Urbanismo.

La regulación del Patrimonio en España
Siglo XVIII

En España, el siglo XVIII es el punto de arranque para el establecimiento de una normativa histórico-artística, aunque esta política de protección tiene sus antecedentes en la política de mecenazgo artístico que había caracterizado durante siglos a la Corona española. En ese momento, se va a concretar en dos hechos de especial relevancia; la creación en 1738, por Real Cédula de 17 de junio, de la Real Academia de la Historia, establecida en un primer momento como medio de promover las ciencias, la educación y los estudios históricos, y más tarde conocida por Academia de Bellas Artes de San Fernando, que queda constituida como la institución encargada de garantizar la adecuada custodia de la riqueza artística española. Se consigue así la primera plasmación normativa referente a la tutela de los valores artísticos.

Siglo XIX

Sin embargo, es en el siglo XIX cuando se van a dar los primeros pasos firmes para un ordenamiento jurídico adecuado en lo referente a la protección del Patrimonio. A las disposiciones del siglo XVIII, sucederán otras dos de la época de Carlos IV, todas ellas serán recogidas en la Novísima Recopilación, en su Ley 3ª, Título XX, Libro VIII, que ha sido considerada el primer intento serio y amplio por canalizar los esfuerzos del Estado hacia la protección eficaz del Patrimonio. En ella, el concepto de monumento se define como una enumeración variopinta de elementos, alejada de cualquier criterio homogéneo y coherente, y donde la antigüedad de un bien es el elemento que determina que sobre él se deba aplicar la protección otorgada por las Leyes.

Pero el valor histórico de los objetos, determinado por su antigüedad, pronto será desplazado por el valor artístico de los mismos, mediante un conjunto de disposiciones de fines variados y rango diverso. Entre otras, se encuentran la Real Cédula de 28 de abril de 1837, o la Real Orden de 20 de septiembre de 1895.

La normativa dictada en el siglo XIX, pese a su carácter fragmentario, disperso, y desde luego, escasamente eficaz, establece los principios sobre los que irá evolucionando el ordenamiento jurídico del siglo XX. Establece el concepto artístico como elemento que hay que tener en cuenta a la hora de determinar la protección, conservación e incluso restauración de los monumentos, con todas las carencias, ambigüedades e incluso posibles manipulaciones que esta idea conlleva. Entiende el monumento como un objeto individual y aislado, ya sea mueble o inmueble, con la consiguiente desprotección de los entornos de los mismos. Establece que, bajo la acción tuteladora de la Administración del Estado, se encuentran los objetos de pertenencia pública y los de la Iglesia, dejando al margen los de propiedad privada. Y encomienda esta protección a órganos especializados como la Academia de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando y las Comisiones Provinciales de Monumentos. Todas estas normas tienen una escasa eficacia por su incumplimiento; se evidencia, desde un primer momento, la necesidad de una Ley General reguladora de la conservación y protección de este tipo de bienes, necesidad a la que se dará respuesta mucho más tarde.

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Siglo XX

La Declaración de Monumento

La Ley de 7 de julio de 1911, sobre excavaciones artísticas y científicas y la conservación de ruinas y antigüedades, venía a dar respuesta a la necesidad de una nueva normativa sobre esta materia, puesta de manifiesto desde tiempo atrás. Esta Ley es de clara inspiración arqueológica, y en ella se introduce nuevamente la antigüedad como valor central para la conservación de los objetos, que se van concretando de forma más precisa en los elementos arquitectónicos.

La Ley de 4 de marzo de 1915, presenta un ámbito mucho más delimitado; su tutela se dirige a los monumentos arquitectónicos a los que se les suponga esta vez un doble valor, el histórico y el artístico, sin limitación de épocas, pero que, necesariamente, tendrán que ser concretados mediante su declaración como tales a través de la tramitación de un expediente; con ella, el carácter genérico de monumento, que se había utilizado desde la Novísima Recopilación, adquiere un significado concreto y preciso: monumento son los bienes inmuebles que sean declarados como tales. De esta forma esta Ley introduce por primera vez el concepto de monumento en los mismos términos con los que permanece en nuestro ordenamiento jurídico, inmueble portador de determinados valores, en este momento, históricos o artísticos, que es declarado como tal en los correspondientes procedimientos incoados a ese efecto.

El Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 es producto de la falta de eficacia de las leyes anteriores. Con él se marca un momento fundamental en la evolución jurídica del concepto de Patrimonio de nuestro país, cuando se establece la intervención directa del Estado en la propiedad privada monumental, además de que se amplía considerablemente el ámbito de los bienes sujetos a la tutela de la Ley. Así mismo, introduce por primera vez el concepto de cultura, entendida ésta como formas de vida, costumbres y grado de desarrollo de un pueblo, en el ordenamiento jurídico, concepto que es el recogido en nuestros días; además, supera la acción protectora que tiene como base el bien aislado en favor de aquella otra que extiende su función tuteladora a los conjuntos de ellos, a las áreas urbanas, idea que será expresada posteriormente en la Carta de Atenas de 1933. Igualmente concreta el ámbito de aplicación de la protección, mediante una larga enumeración de todos los bienes que forman parte del Tesoro Artístico.

Pero, además, con este Decreto-Ley, se establece un importante nexo de unión entre la legislación urbanística y la protectora de monumentos históricos y artísticos. Este nexo de unión suponía disponer de un arma eficaz en la protección de los entornos, evitar en gran medida la especulación del suelo en determinadas áreas, y someter a un control positivo la actuación de las administraciones municipales. Todos estos principios se pierden en la legislación posterior, que cubre la época de mayor deterioro de nuestro patrimonio, por coincidir con el momento de máximo desarrollismo industrial.

La Constitución de 1931 supone que por primera vez en un texto constitucional, tanto español como extranjero, aparece consagrada la protección de la riqueza histórica y artística bajo la salvaguarda del Estado. Un día después de la aprobación de ésta era promulgada la Ley de diciembre de 1931, inspirada directamente en el mandato constitucional, y que constituye el más importante antecedente de la Ley de 1933.

Los Conjuntos Histórico-Artísticos

La importancia de la Ley de 1933 deriva, no tanto de los principios normativos que en ella se acogen, como del hecho de haber estado vigente durante más de cincuenta años, período en el que han concurrido las más importantes causas de destrucción del Patrimonio. Exclusivamente se asienta en dos principios, el interés artístico, arqueológico, paleontológico o histórico del bien, o su antigüedad superior a cien años. Pese a que el concepto de Patrimonio Histórico-Artístico, introducido por esta Ley, por su indeterminación estaba dotado de una gran amplitud, la noción de cultura, como referencia última a la historia de la civilización, se había perdido, con todo el reduccionismo que eso supone. Igualmente se establece una restricción con la inclusión, nuevamente, del requisito de antigüedad, concretado en 100 años.

La ley de 1933 adolece, además, de mecanismos de conexión entre la tutela monumental, verdadero centro de sus preocupaciones, y las técnicas urbanísticas de protección y ordenación inmobiliarias, ausencia que significó un verdadero retroceso. Pese a esta fundamental carencia, la Ley de 1933, debido a la ambigüedad del concepto de Patrimonio Histórico-Artístico, establecía en su propio articulado la concreción de aquellos bienes que ostentaban, en el orden jurídico, esta cualidad. En este sentido, el artículo 14 establecía el procedimiento de declaración de Conjunto Histórico-Artístico, con lo que quedaba tímidamente mitigado el olvido del concepto de conjunto, aunque éste no se entiende desde un punto de vista integral.

Con todo ello, la Ley de 1933 a lo que atendía era al edificio aisladamente considerado, edificio singularizado a través de su previa declaración formal como Monumento Histórico-Artístico; mientras, dejaba en manos de la administración estatal de Bellas Artes, concretada en su Dirección General, de forma privativa, la defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Español.

Pese a las carencias de la Ley de 1933, y a su reduccionismo en el entendimiento del concepto de Conjunto, hay que manifestar que su actuación en la salvaguarda de los mismos fue aceptablemente eficaz, sus medios de control fueron suficientes para que no se produjera un desastre urbanístico en los Conjuntos declarados como tales, y sus programas de restauración han mantenido una parte, mínima, pero no desdeñable, de las arquitecturas populares.

La Ley de 1933 se va a ampliar con el Decreto de 22 de julio de 1958, en el que se codificaba la figura de Monumentos Provinciales y Locales, con el objeto de hacer recaer sobre las administraciones de estos ámbitos el peso de la conservación de estos bienes; fue escasamente aplicado. Más importantes van a ser la Instrucciones dictadas con fecha 20 de noviembre de 1964 que suponen, en la práctica, el traslado de las técnicas urbanísticas a la nueva consideración de los Conjuntos Histórico-Artísticos, inicio de la comprensión del Patrimonio como conjunto de elementos insertos en un espacio, con el empleo de las nuevas figuras de planeamiento que la Ley del Suelo, aprobada por esas fechas, había establecido.

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La protección integrada

Hoy existe una conciencia generalizada acerca de la necesidad de integrar la política de defensa del Patrimonio en el marco global más amplio de la acción urbanística, idea que será consagrada en el ordenamiento jurídico español, mediante la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, y en el ámbito internacional, mediante las Cartas y textos nacidos de diversas organizaciones de reconocimiento general.

Pero, sobre todo, la Ley del Suelo, tanto en su primera versión de 1956 como en la de 1975, supone una nueva forma de entendimiento en la acción protectora de las áreas históricas, ya que articula en cascada un conjunto de planes urbanísticos como instrumentos necesarios y básicos para realizar una forma de tutela que va a hacer posible una acción pública ajustada a las concretas necesidades de cada zona en particular, un modo de actuación ausente, en estos momentos, de la legislación específica sobre Patrimonio, que se centraba en una única base: el control de las obras y los usos que tuvieran como objeto un bien histórico-artístico. El nuevo concepto de urbanismo pretende, en su esencia misma, presentarse como un intento de ordenación global del territorio y es, en este sentido globalizador, por lo que tiene una incidencia muy directa sobre la protección del Patrimonio. Sin embargo, la Ley del Suelo no sólo actúa sobre éste de forma conceptual, sino que la defensa de los valores monumentales se contemplan en ella de dos formas concretas y diferentes: por un lado, como una de las partes fundamentales que hay que contemplar en los Planes de ámbito municipal o supramunicipal, y por otro, mediante una figura concreta, el Plan Especial, que tiene como objeto la salvaguarda de la riqueza histórico-artística. Este tipo de Planes es considerado, en general, por los teóricos del tema como los instrumentos especialmente idóneos en la tutela de centros históricos, en cuanto establecen o fijan los grandes principios que articulan el territorio, de incidencia directa de aquéllos. Ya que, se ha puesto suficientemente de manifiesto que una política conservacionista que se ciña exclusivamente a la ordenación de los conjuntos histórico-artísticos, sin hallar engarce con esos grandes ejes que estructuran el espacio, está abocada al fracaso, en la medida en que supone desconocer las relaciones que tales áreas guardan con el marco territorial más amplio en el que se encuentran ubicadas.

Los Planes Especiales se contemplan, en la Ley del Suelo, como los instrumentos específicos del planeamiento para la protección integrada de las áreas del territorio portadoras de valores dignos de tutela y custodia, dotándolas de una regulación minuciosa y detallada necesaria, de forma específica e individual, para su propia conservación, y ello como desarrollo de las determinaciones que, sobre estos temas, contengan los Planes Generales de Ordenación.

La Ley de Patrimonio Histórico español de 1985

La promulgación de la Constitución de 1978 como norma fundamental del ordenamiento jurídico, va a suponer un amplio proceso de reforma de toda la normativa jurídica para adaptarse a sus nuevos preceptos; dentro de este proceso se encuentra la referente al Patrimonio. La Constitución establece, en su artículo 46, la garantía de la conservación y de la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España. A la ampliación del concepto de Patrimonio al hecho histórico, cultural y artístico, se une la universalización del mismo independientemente de su régimen jurídico y su titularidad, determinación que se completa en el artículo 33 con las limitaciones al derecho de propiedad.
Rehabilitación integrada

A finales de los años 70 se ha puesto de manifiesto la necesidad de definir un marco globalizador para las políticas de actuación sobre el patrimonio, tanto en los sitios urbanos como en los rurales, y en su medio ambiente natural. Que el marco general de estas políticas debe ser la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, y que en ellas se debe contar con la rigurosa participación de los habitantes, previa una labor formativa. Que debe existir la colaboración y coordinación de las distintas administraciones, cuya labor fundamental se centrará en la realización de infraestructuras y en la elaboración de medios e instrumentos jurídicos, administrativos, financieros y técnicos. Que debe plantearse un compromiso a través de programas y planes, a corto, medio y largo plazo, vinculantes para las distintas administraciones con competencias sobre el Patrimonio.

Igualmente se sabe que hay que desarrollar la idea de integración dentro de la rehabilitación de los centros urbanos y asentamientos rurales en el planeamiento urbanístico del territorio. Que esta rehabilitación integrada debe realizarse en función y coherencia con sus ámbitos de extensión: nacional, supraprovincial, provincial, comarcal o municipal. Que debería acompañarse por estímulos a la participación ciudadana, establecimiento de instrumentos legislativos metodológicamente prácticos y reales. En estos momentos se propone, como marco legal adecuado, una Ley de Rehabilitación arquitectónica que recoja la complejidad de las rehabilitaciones integradas. T. Nieto Taberné en este sentido apunta "[...] En estos años se llega a determinar a nivel oficial, la necesidad de sacar la problemática patrimonial del marco exclusivamente cultural en que aparece confinada, para integrarla en una política urbana de carácter global, con unas implicaciones territoriales, sociales y económicas; a través de políticas de integración por medio de su articulación con los problemas de equilibrio territorial, la definición de un marco urbanístico, la coordinación de usos y funciones en las distintas políticas sectoriales y la creación de unos sistemas eficaces de gestión, previa fijación de unos objetivos generales que pudieran ser desarrollados mediante diversos tipos de programas a corto, medio y largo plazo y unas líneas concretas de actuación [...]".

Todas estas ideas van a ser recogidas en el Real Decreto 2555, de 24 de septiembre de 1982, que establece para la recuperación de centros urbanos y núcleos rurales que presenten problemas sociales específicos, la declaración de áreas de rehabilitación integrada, determinando la realización de los estudios con contenido necesario para estas operaciones, la articulación de Programas de Actuación concreta, y la vinculación de las administraciones, a través de sus presupuestos, a sus propuestas. El Real Decreto de 1983 y la Orden de 30 de noviembre de 1983, reiteran nuevamente estas ideas: las áreas de rehabilitación integrada deberán apoyarse en un planeamiento urbanístico que proponga medidas para frenar el deterioro de las mismas, salvaguardando su patrimonio arquitectónico y socio-cultural y evitando el desarraigo de las comunidades residentes; se debían elaborar Programas Anuales de actuación, vinculantes para las administraciones afectadas, donde se especificaría el grado y la forma de intervención de las mismas, y se establecería un programa de acción conjunta.

En este sentido la Orden de 1983 en su artículo 41 determina que podrán ser objeto de declaración de Área de Rehabilitación Integrada "[...] los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, ambiental o social [...]", así como en el artículo 42 establece la exigencia de que estas áreas "[...] se encuentren afectadas por un planeamiento urbanístico que contenga y desarrolle criterios de protección, conservación y rehabilitación integrada de las mismas [...]".

La situación del momento previo a la Ley de Patrimonio de 1985 es valorada con palabras muy elocuentes, por T. Nieto Taberné "[...] El camino estaba abierto. El largo proceso de definición del Patrimonio, y por tanto, de las intervenciones globalizadoras sobre el mismo, se comenzaba a articular en un marco conceptual y jurídico positivo y coherente. En octubre de 1982 se celebran elecciones generales, modificándose el panorama político de una forma sustancial. A efectos del Patrimonio, la inercia de tantos esfuerzos realizados durante los últimos años obliga a que, poco después de las elecciones, se produzca el Real Decreto 2389 de julio de 1983, y días más tarde, la Orden de 30 de noviembre de 1983 [...]". "Se había elaborado la teoría y se había iniciado el marco legal que podría haber dado paso a un tratamiento integral del Patrimonio. Pero, al mismo tiempo, se habían determinado unas condiciones básicas para estas intervenciones que, a la larga, iban a determinar su abandono [...]". "[...]Ninguna de estas condiciones, por otra parte tan elementales dentro de una concepción moderna de la racionalidad, era asumibles por los poderes públicos. Ya se sabía la importancia de las organizaciones que habían encuadrado la participación ciudadana a efectos de conseguir el poder; la desvertebración de la sociedad ya se estaba iniciando. Por otra parte, la vinculación de los presupuestos de las administraciones y su coordinación con programas definidos de actuación a medio y largo plazo, podrían impedir la utilización más inmediata y coyuntural de los mismos; eran compromisos no asumibles. Como tampoco eran asumibles ni una política de ordenación del territorio ni la elaboración de los necesarios marcos jurídico, administrativo y financiero en un estado de trasferencias posibles, donde primaba la precipitación y, en casos, la dejación de la administración central [...]".

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La Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985

La Ley de 1985 vigente en la actualidad sobre nuestro Patrimonio supone, ante todo, la primera vez que se intenta legislar sobre el amplio conjunto de bienes que lo integran; en ella se introducen categorías especiales de bienes que han de protegerse que habían sido olvidadas por la Ley de 1933, como son las zonas arqueológicas, el patrimonio documental y el patrimonio bibliográfico. En las líneas posteriores, no se va a realizar un análisis detenido de los contenidos de la Ley, ni de las nuevas categorías de bienes inmuebles que deben protegerse, como son los jardines históricos, los sitios históricos, o incluso los espacios naturales (Véase Parque natural y Parque nacional); exclusivamente se hará un repaso de ella en función de su posible aplicación a las arquitecturas populares.

Por una parte, la Ley de 1985 recoge toda la retórica generalista que acompañó años antes a la nueva definición del Patrimonio, pero no integra en el contenido de su articulado las condiciones básicas que se habían determinado para su perfecta conservación como son: la definición de ámbitos de intervención supramunicipales; la integración en una política de ordenación del territorio; la definición de un marco jurídico, administrativo, financiero y técnico coherente; la proposición de programas a corto, medio y largo plazo; el establecimiento de mecanismos de gestión y de control; la vinculación de las administraciones a través de sus presupuestos; y la participación ciudadana. En una palabra, olvida las ideas de la rehabilitación integrada. Aparte de las definiciones sobre el Patrimonio Arquitectónico, incluido el arqueológico y el etnográfico, sólo introduce referencias generalistas a declaraciones como Bienes de Interés Cultural, o a planeamientos en su artículo 20, y catalogaciones en su artículo 21. Con respecto a las figuras de ordenación, solamente incluye vagas referencias al planeamiento urbanístico de protección que, no debe olvidarse, había sido definido una década antes.

Posteriormente no se han producido, desde un punto de vista general, disposiciones que afecten a estos temas. Así en la actualidad, para la protección del vulnerable patrimonio histórico sólo se cuenta con la legislación urbanística vigente, que no ha sido actualizada en cuanto a la idea de tratamiento integral del Patrimonio y a la indeterminación que introduce la propia Ley de Patrimonio sobre el establecimiento de Planes Espaciales de Protección.

Las figuras de planeamiento especial contenidas en la legislación urbanística se concretan, fundamentalmente, en los Planes Especiales de Protección del Patrimonio y en los Planes Especiales de Reforma Interior, completados ambos con los Catálogos.
Patrimonio Nacional.

La palabra patrimonio deriva del vocablo latino patrimonium. Una de sus acepciones es la que lo define como bienes propios adquiridos por cualquier título. La palabra nacional viene a matizar esta definición y hace referencia al sujeto de estos bienes, en este caso, el estado.

Patrimonio Nacional Español

El patrimonio público es el que más se acerca a la definición de Patrimonio Nacional. Según el profesor Sagayés el conjunto de bienes que forman el Patrimonio estatal se integra con los bienes del dominio público y los del patrimonio privado; a ellos habría que añadir el Patrimonio de la Corona, denominado Patrimonio Nacional por ley de 7 de marzo de 1940. La diferencia está en el régimen jurídico que se les atribuye. En sentido estricto, y dentro del derecho patrimonial administrativo español, Patrimonio Nacional equivale a lo que el artículo 342 del CC, según leyes de 12 de mayo de 1865 y 26 de julio de 1876, llama Patrimonio de la Corona y Patrimonio Real. La ley de 7 de marzo de 1940 lo llama Patrimonio Nacional. La característica esencial de los bienes que lo integran es su adscripción a la más alta magistratura o dignidad pública, y está destinado a su servicio como medio material para el cumplimiento de sus fines y el digno ejercicio de sus funciones. Está integrado por los palacios y reales sitios que tradicionalmente han pertenecido a la Corona. Si se considera en un sentido más amplio al Patrimonio Nacional, bajo la denominación de bienes patrimoniales de la administración o Patrimonio del Estado, se incluirían las propiedades y derechos del estado que no están afectados a una utilidad pública ni sometidos a un régimen especial de protección. La diferencia entre los bienes patrimoniales de la administración y el dominio público se ha basado en su régimen jurídico tradicionalmente; el dominio público estaría regulado por el Derecho administrativo y los bienes patrimoniales por el Derecho común. Pero en la actualidad se ha producido un acercamiento entre las dos categorías.

Entre las manifestaciones más importantes del Patrimonio privado de la administración destaca el Patrimonio forestal, que asegura la protección de los montes públicos; el Patrimonio industrial, que en España se concreta en la participación del estado en el Instituto Nacional de Industria y su grupo de empresas; también hay que citar el Patrimonio del suelo con fines urbanísticos creado por la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956. Y el Patrimonio histórico-artístico; la legislación local atribuye el carácter de dominio público a los museos y monumentos artísticos e históricos. La Ley del Patrimonio del Estado es menos categórica y considera estos bienes como Patrimonio privado de la Administración, que adquirirán la nota de dominio público cuando se afecten al uso general o al servicio público.

Históricamente, el concepto de Patrimonio Nacional ha evolucionado de forma paralela al de las instituciones políticas. Así, no es igual su concepción en la monarquía absolutista que en la monarquía constitucional. Lo que en un principio fue Patrimonio de la Corona, en algunas épocas se confunde con el Patrimonio del Reino e incluso con el particular del Monarca. La separación oficial entre rentas del estado y rentas de la casa real no se llevó a cabo hasta la Constitución de Bayona de 1808. Tras esta norma, la Corona sólo conservaba los palacios de La Granja, Aranjuez y El Pardo.

El Patrimonio de la Corona es el conjunto de bienes pertenecientes al estado y vinculados a la Corona, de los que son usufructuarios los príncipes que ejerzan la dignidad real. Hay una diferencia entre este Patrimonio y los bienes del estado y los que forman el caudal privado del monarca. La existencia del Patrimonio de la Corona se justifica por el esplendor de la corona y el que, por dignidad del mismo estado y de la nación debe mostrar quien ejerce la suprema magistratura. Éste va pasando de unos reyes a otros. En la historia del Patrimonio de la Corona hay tres etapas: en la primera, hasta la Constitución de 1812, dado el carácter patrimonial de la monarquía, formaban parte del Patrimonio Real todos los bienes públicos incluyendo la nación, de la que disponían los reyes por testamento o por actos intervivos, donando o legando parte de él. Las cortes de 1811 ordenaron por Decreto del 22 de marzo la enajenación de edificios y fincas poseídos por la Corona excepto los palacios, cotos y sitios reales. La Constitución de 1812 sentó el principio de que la nación española no puede ser patrimonio de ninguna persona o familia, con lo que estableció la distinción fundamental entre bienes públicos, (de la nación o el estado) y bienes del rey. Por decreto del 13 de septiembre de 1813 las cortes declararon hipotecadas al pago de la deuda pública las alhajas y fincas de la Corona y los sitios reales, excepto los palacios y bienes destinados al servicio de la familia real. El decreto del 28 de marzo de 1814 definió los bienes del Patrimonio de la Corona, y por real decreto del 22 de mayo de este año puso su administración a cargo del mayordomo real del Real Palacio, separándola de la administración general de los bienes de la nación.

La segunda etapa comienza en 1814, cuando se abolió la Constitución de 1812 y se estableció el Real Patrimonio con el mismo carácter que tenía antes de ella, con todos sus derechos, censos, etc. En 1820, por real decreto del 28 de abril, el rey cedió algunos bienes y derechos y especificaba cuáles se reservaba. En 1823 se restableció el antiguo Patrimonio, continuando igual hasta la ley del 12 de mayo de 1865, que tras enumerar los bienes que forman el Patrimonio de la Corona, realizó la distinción de éste y del caudal privado del rey, y mandó enajenar los restantes y reguló el régimen jurídico de unos y otros. Se puso el Patrimonio al cuidado y administración de un consejo de diez miembros, nombrados por el gobierno provisional por decreto del 14 de octubre de 1868; después se pasaron estas funciones a una dirección general especial, incorporada al ministerio de Hacienda. El 18 de diciembre de 1869 se dictó la ley revirtiendo en pleno dominio al estado todos los bienes y derechos del Patrimonio declarando extinguido el señalado por la ley de 1865. En 1870 la administración del Patrimonio pasó a la dirección de propiedades y derechos del estado, finalizando así la dirección general que se había creado en 1868. Cuando se proclamó la república se suprimieron las administraciones del Patrimonio y se dispuso que sus archivos fueran incorporados a los de provincias, se nombró una comisión de nueve diputados a cortes para encargarse de los bienes y, por ley del 24 de julio de 1873, el gobierno se incautó de todos ellos poniéndolos a disposición del ministerio de hacienda en tanto se decidiese qué hacer. Para ello se creó una dirección especial reglamentada por la Instrucción del 4 de abril de 1874.

La tercera etapa empieza con la restauración de la monarquía en 1875. El ministerio de la regencia por decreto de 14 de enero ordenaba que se devolvieran a la Casa Real todos los bienes del Patrimonio formado en 1869. La ley del 26 de junio de 1876 ordenó que se devolviesen también todos los bienes y posesiones que formaban el Patrimonio según la ley de 1865, excepto aquellos que hubieran sido enajenados por el estado a título oneroso en virtud de la ley de 1869.

Siglos más tarde, durante la II República, el Patrimonio Real quedó vinculado al estado, y en 1939 el gobierno del general Franco lo transformó en Patrimonio Nacional. Al instaurarse la democracia volvió a establecerse el Patrimonio Real, en 1976, pero con la ley 23/1982 de 16 de junio los bienes de la Corona se integraron de nuevo en el Patrimonio Nacional. Esta ley, que rige en la actualidad, establece que los bienes del Patrimonio Nacional son de titularidad estatal, y están al servicio del rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la representación que la Constitución y las leyes le atribuyen. Además, la ley especifica que están a disposición del público para su utilización con fines culturales, científicos y docentes.

No hay que confundir el Patrimonio Nacional con el Patrimonio del estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, o con el Patrimonio Artístico Español, dependiente del Ministerio de Cultura y al que pertenecen tanto bienes de titularidad pública como privada.

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Bienes del Patrimonio Nacional

Los bienes inmuebles del Patrimonio Nacional son los siguientes: - Palacio Real de Oriente y el parque del Campo del Moro. - Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus edificios y jardines anexos. - Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, la Casita del Príncipe y la Casita de Arriba, con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes. - Palacios Reales de la Granja y de Riofrío. - El monte y el palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. - Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado La Quinta. - Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos. - Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca. - Palacio Real de San Ildefonso, en Segovia.

También forman parte del Patrimonio Nacional todos los bienes muebles de titularidad estatal contenidos en estos palacios o en otros inmuebles de propiedad pública, las donaciones hechas al estado a través del Rey y los demás bienes y derechos que afectan al uso y servicio de la Corona. Entre estos bienes muebles destacan las colecciones de tapices, alfombras y telas, pinturas, esculturas, relojes, muebles, objetos de plata, armas antiguas, vidrio y cristal, porcelanas, carruajes, libros y documentos, monedas y medallas, instrumentos musicales, relicarios, abanicos y ornamentos litúrgicos.

El Patrimonio Nacional también se encarga de administrar los llamados Patronatos Reales, que son: - Iglesia y Convento de la Encarnación (Madrid). - Iglesia y Hospital del Buen Suceso (Madrid). - Convento de las Descalzas Reales (Madrid). - Real Basílica de Atocha (Madrid). - Iglesia y Colegio de Loreto (Madrid). - Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. - Monasterio de Las Huelgas (Burgos). - Hospital del Rey (Burgos). - Convento de Santa Clara (Tordesillas). - Convento de San Pascual (Aranjuez). - Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles (Toledo).

Todos los otros bienes que formaban parte del Patrimonio de la Corona hasta la ley de 1865 fueron declarados por ésta en estado de venta. Los que no se han vendido aún continúan mientras tanto a cargo de la administración general de la Real Casa. Ésta recibe de todas las ventas el 25%, y el resto se ingresa en el Tesoro Público. Las ventas deben hacerse en pública subasta y al mejor postor, pagándose el precio en los plazos que se marquen. Para la redención de los censos se señala un plazo a los censatarios y se fijan las condiciones de la redención según el origen del censo y otras circunstancias. Transcurrido el plazo se veden los censos en pública subasta bajo las mismas condiciones ofrecidas a los censatarios.

Régimen jurídico

Los bienes del Patrimonio son inalienables e imprescriptibles y no están sujetos a ningún gravamen real ni otra responsabilidad, pero pueden donarse, permutarse, enajenarse, etc, por medio de una ley. Esta limitación rige también para los arrendamientos cuya duración supere los treinta años, sin que ningún arrendamiento se pueda prorrogar hasta un año antes de su expiración. El rey puede hacer las alteraciones que crea convenientes en las tierras, parques y jardines; y las reparaciones, adiciones, demoliciones y reedificaciones que estime adecuadas a la conservación y embellecimiento de los edificios. Los bienes del Patrimonio está exentos de todo impuesto, contribución y carga pública, y del impuesto de derechos reales de 1904. A falta de otras disposiciones, se regirán estos bienes por las disposiciones generales que dicta el Código Civil para la propiedad particular. En las cuestiones contenciosas es competente solamente el Tribunal Supremo, representando a la Casa Real el administrador de la misma, y debiendo ser oído el Ministerio fiscal.

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Organización

El Patrimonio Nacional se gestiona a través de un Consejo de Administración que está configurado como entidad de derecho público, con capacidad jurídica propia, dependiente del Ministerio de Relaciones con las Cortes. Este Consejo se compone de doce miembros: un presidente, un gerente y diez vocales, nombrados mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros.

Los objetivos del Consejo son:

- Gestión y administración de los bienes del Patrimonio Nacional.

- Servicio a la Corona y realización de actos de estado. En los diferentes palacios reales se organizan numerosos actos oficiales y cenas de gala, especialmente en los de San Ildefonso, Aranjuez y El Pardo. Este último se utiliza también como residencia de los Jefes de estado extranjeros en visita oficial a España. Las recepciones y audiencias de los Reyes se celebran en el Palacio Real de Madrid, así como la tradicional ceremonia de presentación de credenciales de los embajadores extranjeros al Rey.

- Rehabilitación y mantenimiento de sus monumentos históricos y artísticos, así como la protección del medio ambiente de los territorios naturales que gestiona, como el monte de El Pardo y el parque de Riofrío.

- Conservación, investigación y restauración de las obras de arte que custodia, mediante una labor continua de inventariado, catalogación y estudio para su mantenimiento en el mejor estado posible.

- Divulgación cultural de sus bienes mediante la organización de exposiciones y visitas públicas a los museos y palacios, publicación de libros y catálogos y promoción de la investigación científica de sus fondos artísticos.

Aproximadamente 1.500 personas trabajan en el Patrimonio Nacional, distribuidas en once niveles, con una gran diversificación de clasificaciones técnicas, administrativas y de oficios. La dotación económica del Patrimonio Nacional está incluida en los Presupuestos Generales del estado. Por otra parte, los frutos, rentas, percepciones o rendimientos de cualquier naturaleza producidos por los bienes que integran el Patrimonio Nacional se ingresan en el Tesoro Público. Enciclonet.

Integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España:

Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivissa, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo, San Cristóbal de la Laguna, Sevilla, San Millán de la Cogolla, Baeza y Úbeda  hermanadas por la distinción de la UNESCO desde el año 1.985. España es, de este modo, el país del mundo en el que más ciudades ostentan este prestigioso título. En 1993 constituyeron el GRUPO que las aúna para defender sus intereses comunes, estudiar soluciones a similares problemas y realizar una promoción social y turística conjunta.

En cada parada descubrirá aspectos singulares y comunes de la gran aventura humana vivida por los pueblos de España. Escuchará las lecciones de la tradición, revivirá los pasajes de la leyenda, caminará de la mano de personas y personajes irrepetibles; saboreará el paisaje, los olores y la gastronomía; vivirá sus inquietudes de siempre y las esperanzas del porvenir. Cada día despertará con sones y panorámicas diferentes pero con la misma fuerza de lo imperecedero, enseñoreando las múltiples vivencias de ciudades que son, por encima de todo, poblaciones vivas que palpitan con la pujanza de sus gentes.

Trácese, por tanto, el visitante su ruta ya sea renacentista, barroca, plateresca, neoclásica, romántica, fenicia, de catedrales, de palacios, de claustros, de conventos, literaria, picaresca, teatral, pictórica, gastronómica, nocturna, deportiva... y comprobará que todos y cada uno de esos mundos están presentes y se conjugan en las once Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad.

Bienes inscritos en España en la lista del patrimonio mundial:

  • Centro histórico de Córdoba (1984-1994)
  • Alhambra, Generalife y Albayzin, Granada (1984-1994)
  • Catedral de Burgos (1984)
  • Monasterio y sitio del Escorial, Madrid (1984)
  • Parque Güell, Palacio Güell y Casa Mila, Barcelona (1984)
  • Cuevas de Altamira, Cantabria (1985)
  • Centro histórico de Segovia y su acueducto (1985)
  • Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias (1985-1998)
  • Centro histórico de Santiago de Compostela (1985)
  • Centro histórico de Avila y sus iglesias extra-muros (1985)
  • Arquitectura Mudéjar de Teruel (1986)
  • Centro histórico de Toledo (1986)
  • Parque Nacional de Garajonay (1986)
  • Centro histórico de Cáceres (1986)
  • Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla (1987)
  • Centro histórico de Salamanca (1988)
  • Monasterio de Poblet (1991)
  • Conjunto arqueológico de Mérida(1993)
  • Monasterio Real de Santa María de Guadalupe (1993)
  • Camino de Santiago de Compostela (1993)
  • Parque Nacional de Doñana (1994)
  • Ciudad Encantada de Cuenca (1996)
  • La Lonja de la Seda de Valencia (1996)
  • Las Medulas (1997)
  • El Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau
  • Monasterios de San Millán Yuso y Suso (1997)
  • Pirineos - Monte Perdido (1997-1999)
  • Arte rupestre de la Cuenca Mediterranea en la Península Ibérica
  • Universidad y Recinto histórico de Alcalá de Henares (1998)
  • Biodiversidad y cultura de Ibiza (1999)
  • San Cristóbal de la Laguna (1999)
  • Conjunto arqueológico de Tarraco (2000)
  • Iglesias románicas catalanas del Vall de Boí (2000)
  • La Muralla romana de Lugo (2000)
  • Sitio arqueológico de la Sierra de Atapuerca, en Atapuerca e Ibeas
  • El Palmeral de Elche (2000)
  • Paisaje cultural de Aranjuez (2001)
  • Dualidad urbana y unidad cultural de Úbeda y Baeza (2003),

CIUDADES PATRIMONIO EN LATINOAMÉRICA Y CARIBE

  • América Latina y el Caribe
  • Antigua Guatemala, Guatemala
  • Arequipa, Perú
  • Brasilia, Brasil
  • Campeche, México
  • Caracas, Venezuela
  • Cartagena, Colombia
  • Colonia del Sacramento, Uruguay
  • Coro, Venezuela
  • Córdoba, Argentina
  • Cuenca, Ecuador
  • Cusco, Perú
  • Diamantina, Brasil
  • Girón, Colombia
  • Guadalajara, México
  • Guanajuato, México
  • La Habana, Cuba
  • Lima, Perú
  • Ciudad de México, México
  • Morelia, México
  • Oaxaca, México
  • Olinda, Brasil
  • Ouro Preto, Brasil
  • Panamá, Panamá
  • Potosí, Bolivia
  • Puebla, México
  • Querétaro, México
  • Quito, Ecuador
  • Salvador de Bahía, Brasil
  • Santa Cruz de Mompox, Colombia
  • Santo Domingo, República Dominicana
  • São Luis, Brasil
  • St George, Bermudas
  • Sucre, Bolivia
  • Tequila, Mexico
  • Tlacotalpan, Mexico
  • Turbaco, Colombia
  • Trinidad, Cuba
  • Valparaíso, Chile
  • Willemstad, Antillas Holandesas
  • Zacatecas, México

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GALERÍA DE IMÁGENES

 

Fuente de las fotos de esta web y de algunos artículos: Patrimonio-humanidad.com/ Wipidedia - Miguel A. B. González - Colaborador español - Jorge Tutor - www.jorgetutor.com/

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Estos son los mejores datos del idioma español que he encontrado en internet. Estos artículos no han sido escritos por mí y tampoco me pertenecen, los he recopilado desde la red (textos/imágenes). En el caso de que me haya olvidado de hacerle la debida referencia a alguna fuente, os pido que por favor me aviséis de la autoría de los mismos envíandome un correo a:       esf@espanolsinfronteras.com  

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Este sitio se actualizó por última vez el 30 de April de 2014 gif5